Arq. Teresita Sacón

 

 

Desde el primero de julio, con su previa publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina, rige la nueva ley 27.551[1], la cual introduce cambios en la regulación de los contratos de alquiler con destino de vivienda. El 16% de los hogares de Argentina[2] acceden a la vivienda a través del alquiler. Esta forma de acceso a la vivienda, está mediada, en nuestro país, por un contrato entre privados, donde las condiciones desiguales entre las partes se constituyen muchas veces en relaciones de abuso, quedando el derecho a una vivienda digna  muy lejos de alcanzarse.

El alquiler, como forma de acceso a la vivienda, ha sido en muchos momentos de la historia un detonante que ha movilizado a la población a transformar las condiciones que lo rigen. La propuesta de una ley nacional, gestada por lo organización de Inquilinos agrupados, ha retomado estas luchas históricas, con el apoyo y trabajo de otras organizaciones como Habitar Argentina[3]

La ley busca avanzar en la promoción del rol del estado como regulador del mercado de alquileres, creando el Programa Nacional de Alquiler Social. Allí se propone incorporar como grupos prioritarios a las mujeres que sufren situaciones de violencia de género, jubilados, pensionados, titulares de la prestación de desempleo y cualquier otra persona que se encuentre en situación de vulnerabilidad.

Este Programa trabajará en la regulación de la actividad de las entidades que otorgan garantías de fianza o seguros de caución, la promoción de un seguro obligatorio para cubrir las faltas de pago de alquileres y las indemnizaciones por daños y ocupación indebida de inmuebles. También, dispondrá del desarrollo de mecanismos de bajo costo o gratuitos para la resolución de conflictos derivados de los contratos de locación.

Otro punto relevante de la nueva ley, es la extensión del plazo de contrato, lo que brinda algo más de estabilidad a las familias inquilinas. Brindando un plazo mínimo de la locación de inmueble por tres años.

Cabe señalar que propone una nueva regulación sobre el precio de los alquileres. Se propone un ajuste anual de los alquileres, el mismo se calculará con una fórmula compuesta en un 50% por la evolución de los salarios (el índice Ripte) y 50% por la evolución de la inflación que mide el Indec (IPC). Este índice será elaborado y publicado mensualmente por el Banco Central (BCRA).

Los puntos señalados anteriormente son relevantes a la hora de regular los contratos de alquiler, sin embargo existen conflictos que atraviesan les inquilines en la lucha por el acceso a una vivienda digna que no sólo tienen que ver con el abuso económico que principalmente se regulara a través de esta ley.

Les inquilines muchas veces tienen que acceder a vivir en viviendas que tienen humedad, no ventilan, no tienen acceso a los servicios básicos, y que frente a los reclamos no obtienen respuesta de los propietarios ni del estado.

Una cuenta pendiente de esta  ley, es abordar  la regulación y mejora de las condiciones habitacionales de quienes acceden a la vivienda a través de los alquileres informales.

En este sentido la ley es un valioso aporte en el proceso de garantizar mejores condiciones de hábitat para les inquilines. Sin embargo, queda aún mucho por hacer en tanto instrumentos de registro y regulación de las características espaciales de las viviendas que se ponen en alquiler.

Desde una perspectiva feminista, siguiendo la propuesta de que todo problema personal es político, tenemos por delante el desafío de revisar el modo en que se celebran los contratos, y los conflictos en relación al acceso a una vivienda digna, que quedan invisibilizados en el acuerdo entre privados. El camino hacia el acceso a la justicia es un camino muy difícil de transitar para quienes tienen menos recursos, menos poder, y sus voces no son escuchadas. De esta manera,  para terminar con los abusos que someten a gran parte de la población que busca acceder a una vivienda, resulta necesario trascender el carácter privatista de la relación entre ambas partes.

La perspectiva es garantizar el derecho universal de acceso a una vivienda digna. En este sentido, es necesario avanzar en construir el rol de un estado que garantice a quienes tienen la necesidad, este derecho vulnerado, promoviendo registros y regulaciones que colaboren con mejorar las condiciones habitacionales de toda la población.

[1] Publicación en el Boletín Oficial Link para ver publicación

[2] Según datos de Censo 2010, INDEC.

[3] Presentación de HABITAR Argentina e HIC-AL de la ley de Alquileres. Link para Ver el video

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Proyecto Habitar